El 7 de mayo se conmemora en Argentina el “Día de la Minería”, en homenaje a la primera normativa minera sancionada por la Asamblea Constituyente en 1813, en cuya virtud se establecía un Tribunal de Minería para la Villa de Potosí, aunque reconociendo las Ordenanzas de Minas de Nueva España, que seguirían vigentes hasta la Constitución de 1853. Más de dos siglos después de aquel hito que dio comienzo al derecho minero argentino, los debates sobre la relación entre el marco normativo de la minería y los objetivos del desarrollo nacional, permanecen abiertos.
1. ¿Cómo es la relación entre ciencia y minería en Argentina?
Esa relación tiene una larga tradición en Argentina, aunque principalmente relacionada con la minería convencional, pequeña y mediana, que, hasta la década de 1990, estaba destinada principalmente a abastecer las industrias nacionales, con una importante presencia del sector público tanto en la exploración, como en la explotación, beneficio y aplicaciones industriales. Pertenecen a aquel período, entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Minera, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la Dirección Nacional del Servicio Geológico y por supuesto empresas estatales como la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Dirección General de Fabricaciones Militares, todas ellas creadas al servicio de los objetivos del desarrollo y la seguridad nacional.
Sin embargo, con las reformas normativas e institucionales del sector minero argentino, impulsadas durante la década de 1990 por el Banco Mundial, y la llegada de las nuevas inversiones en la mega minería metalífera, aquel entramado institucional fue eliminado y traspasado al nuevo Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), creado en 1996 bajo dependencia y supervisión de la Subsecretaría de Minería, cuya misión pasó a ser la de proveer a las empresas privadas, nacionales o extranjeras, la información geológica de base que necesitan para sus inversiones. En cuanto a las reformas normativas, el Código de Minería dejó de contemplar la posibilidad de declarar recursos estratégicos para el desarrollo y la seguridad nacional, como también la de establecer en esos casos contratos especiales de explotación, dejando a las concesiones mineras provinciales como el único instrumento para la gestión pública, que no permiten establecer plazos ni condiciones.
2. ¿Cuáles son hoy las capacidades de vinculación tecnológica con el sector minero?
El Sistema Público de Investigaciones cuenta en la actualidad con importantes capacidades científicas y tecnológicas relacionadas al sector minero. Institutos de CONICET como el INSUGEO de Tucumán y el Centro de Estudios Geológicos Andinos, el Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) de La Plata, el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) de Río Negro o el más reciente CIDMEJU de Jujuy, ofrecen diversos servicios tecnológicos para trabajos de exploración, diagramas de cateo, técnicas extractivas, beneficios de minerales y evaluaciones geológicas, entre otros. CONICET posee también importantes capacidades de CyT en las necesarias evaluaciones de impacto ambiental, como las que ofrecen el PROIMI de Tucuman para la preservación de ecosistemas sensibles o el IANIGLA de Mendoza para caracterizar el estado de los glaciares andinos.
Es cierto que, en los últimos años, estos y otros institutos de CONICET, muchas veces asociados con Universidades Nacionales, lograron ofrecer ciertos servicios tecnológicos tanto al SEGEMAR como a las principales corporaciones mineras del mundo que están radicadas en el país, como Minera Aguilar, Glencore, Agua Rica, Alumbrera, Minera Triton, Patagonia Gold, e incluso las especializadas en la extracción de litio desde los salares de Argentina, como Minera del Altiplano SA, Sales de Jujuy SA y Minera Exar, y Chile, como Rockwood y SQM. Sin embargo, los convenios y servicios efectivamente contratados por ese tipo de empresas, no sólo son muy escasos, sino que se limitan a trabajos muy específicos de laboratorio, relacionados con informes, recolección y/o análisis de muestras, desaprovechando así las enormes capacidades científicas y tecnológicas del país, tanto para controlar y evitar los impactos ambientales, como para mejorar las técnicas extractivas e incluso para volver a relacionar la actividad minera con el desarrollo de ciertas industrias nacionales estratégicas.
3. Considerando que Argentina posee importantes reservas de litio debajo de los salares del NOA, ¿cuáles son los principales desafíos de nuestro país en relación a la explotación de este mineral clave para la transición energética?
La Argentina no sólo posee, junto a Chile y Bolivia, importantes reservas de litio. Además se ubica entre los cuatro mayores exportadores de carbonato de litio a nivel mundial, desde hace ya más de 20 años. Si bien los dos proyectos que hoy se encuentran en explotación a manos de empresas extranjeras fueron inicialmente desarrollados por la empresa estatal Fabricaciones Militares, si bien además el Sistema Público de Investigaciones cuenta con múltiples capacidades tecnológicas para desarrollar en el país múltiples aplicaciones industriales (litio metálico, litio 6 y 7 de uso nuclear, materiales catódicos, celdas y baterías, aleaciones especiales, entre otras), el sector litífero argentino muestra una paradigmática falta de vinculación tecnológica nacional. Por un lado, están los dos enclaves mineros de Catamarca (desde 1998) y de Jujuy (desde 2016), que desarrollaron e importaron sus técnicas extractivas desde sus casas matrices y desde entonces exportan la totalidad de su producción primaria sin ningún valor agregado en territorio nacional, a cambio de regalías provinciales que rondan el 2% de las ventas declaradas y que incluso son más que compensadas por un reintegro a las exportaciones mineras del NOA que les otorga el Estado nacional.
Frente a este escenario de escasa vinculación tecnológica y control público, y a la luz de la experiencia reciente de Bolivia y de Chile, creo que la Argentina se enfrenta hoy al desafío de reformar el estatus legal del litio, para poder reformular las condiciones de explotación, comercialización y relación con las comunidades locales, en la firma de nuevos contratos con el Estado Nacional y el Estado provincial correspondiente. Sin perjuicio del porcentaje de participación de una empresa estatal en cada proyecto, ni del nuevo esquema de regalías provinciales y aportes para las comunidades, los nuevos esquemas tributarios definidos en los contratos de explotación deberán financiar un programa de investigación integral y multidisciplinario sobre los salares del altiplano andino, con el objetivo principal de reforzar las capacidades de fiscalización, control social y cuidado ambiental. Adicionalmente, el Estado Nacional podría lanzar una convocatoria a la presentación de proyectos de desarrollo productivo y tecnológico, con el propósito de industrializar parte de la producción litífera local en función de la agenda de la Transición Energética basada en el desarrollo de energías renovables y la electro-movilidad, garantizando el financiamiento de los proyectos y la provisión del carbonato de litio a precios preferenciales.